Hace tiempo se viene hablando sobre el incremento del narcotráfico en nuestro país.
Muchas voces se han dejado oír, reclamando que las autoridades tomen con mayor seriedad ese problema, que hasta hace unos años parecía alejado de nuestra realidad.
Pero llamó poderosamente la atención, que por un lado el Episcopado de la Iglesia Católica, y por el otro nada menos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hiciesen un requerimiento público en tal sentido.
Si analizamos lo que se menciona al respecto, vemos que se pone énfasis en el incremento del consumo y tráfico de estupefacientes, en las “cocinas” de drogas, etc., y también es posible escuchar, que muchos de los que podríamos denominar los “capos” de tan infame comercio han comenzado a afincarse en nuestro territorio.
Y sobre ese último aspecto se afirma que los esfuerzos que realizan nuestras autoridades para poner coto a semejante “invasión”, no guardan la proporción que debería tener. Al menos frente a la gravedad del flagelo de las drogas que afecta a toda nuestra sociedad, pero que se encarniza especialmente con los niños y los jóvenes.
Vemos que se citan distintas cuestiones, por ejemplo que no se hacen las cosas que se deberían hacer, o que se las efectúa mal, o en forma insuficiente (falta de radares, escasos medios policiales y/o judiciales, etc.), sea que esas “falencias” ocurran por simple descuido, ineptitud, negligencia o, incluso, hasta complicidad de ciertas autoridades con los que han inundado de drogas nuestro país.
Y —la verdad sea dicha— todas esas voces de reclamo que se vienen escuchando, alertando sobre esas cuestiones son correctas, motivo por el cual parecería que ésa es la mejor (o la única) senda para tratar de solucionar ese problema que tanto daño ocasiona.
Resulta obvio que existen muchas fallas en tal sentido, como las que permiten el llamado “lavado de dinero”, con el cual gruesas sumas de billetes mal habidos pasan a transformarse en “coquetos emprendimientos inmobiliarios”, o de otro tipo.
Por otra parte —qué duda cabe al respecto— no existe aquí (por el motivo que fuese) un control “bien aceitado” para procurar limitar su accionar, razón por la cual también en ese sentido la tentación de los “capo-mafias” para arribar a nuestras tierras es muy importante.
Sin embargo, me parece que en el análisis que se realiza falta algo, y trataré de explicarlo en estas líneas.
Es bien conocido que durante muchísimo tiempo todas esas actividades eran realizadas desde otros países, como México, Colombia y algunos más.
Y como es evidentemente que esas tierras también poseen bellezas naturales de todo tipo, no creo que la decisión de venir hacia estos pagos se origine en que las nuestras sean mejores, motivo por el cual me parece evidente que es ineludible analizar lo que está ocurriendo por aquellos lares, para comprender por qué esos “buenos señores” han optado por poner pies en polvorosa de sus países de origen, y arribar a tierras tan lejanas como las nuestras.
Pues bien, dedicando unos minutos a investigar por Internet lo que está sucediendo allí, podremos verificar que desde hace un tiempo se ha implementado en las fuerzas de seguridad —y hasta en la fuerzas armadas— lo que se suele mencionar como “pruebas de confianza”, entre las cuales figura —y como un elemento primordial— el uso del POLÍGRAFO (ó detector de mentiras) lo cual ha generado que gran número de miembros de esas fuerzas se vean obligados a dejar las mismas, con lo cual la protección que tenían los “capos del narcotráfico” comenzó a resquebrajarse, razón por la cual optan por trasladarse a lugares donde no se lo utiliza, como es nuestro caso.
Y creo que es precisamente ése el aspecto donde “hay que poner la mira”, ya que resulta obvio que los métodos tradicionales que se utilizan en el control o lucha contra el narcotráfico han fracasado rotundamente.
Y quiero aclararles que esto que menciono no es algo novedoso, ya que hace tiempo que vengo proponiendo su utilización en nuestro país, habiendo publicado un pequeño libro titulado “EL DETECTOR DE MENTIRAS – FIN DE LA IMPUNIDAD Y LA INSEGURIDAD”, del cual hasta he publicado una segunda edición detallando muchas páginas web —que cualquiera puede ver para controlar la realidad de lo que afirmo— no sólo con respecto al empleo de dicho elemento técnico en esos países, y en muchísimos otros, sino también su utilización en cuestiones laborales. Es decir, que no hay duda alguna de que el aparato existe y que funciona, y que es sumamente útil para mejorar las condiciones de vida de nuestra sociedad, más allá de todas las críticas sobre su efectividad que es posible escuchar.
Sin embargo, pese a todas las acciones que he realizado tratando de llamar la atención en ese sentido no logré resultado positivo alguno.
Y les aclaro que son varias las que he efectuado, entre las cuales mencionaré las que considero más importantes y que consisten en la remisión o entrega de dicho texto a docentes universitarios, miembros del poder judicial y de la Iglesia, periodistas y legisladores, colegas de profesión, etc., y en ese último sentido hasta intenté que el Colegio de Abogados de Bahía Blanca me permitiese dar una charla en sus instalaciones, pero no recibí respuesta.
Incluso llegué a exponer el tema (“Banca 13”) en el Concejo Deliberante de Tornquist, y pese a que algunos de los ediles expresaron que trasladarían mi inquietud a los diputados de sus respectivos partidos, jamás recibí ningún pedido de informes, ni fui consultado sobre el particular.
Tal vez alguien pueda pensar que ocurre en razón de que mi propuesta es un simple delirio. Sin embargo no creo que ése sea el motivo de tal “silencio”, sino que es probable que existan otras cuestiones detrás.
Y por tal motivo los invito a investigar al respecto, para verificar si mis palabas se acercan, o no, a la realidad.
Mario Enrique Bruzzone
Abogado (T.IV Fº 59 C.A.B.B) – D.N.I. 5.502.542 – Sierra de La Ventana
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